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Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana

Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana

El Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, comienza un amplio proceso de participación y consulta pública, para lo que se habilita un buzón donde se podrán efectuar todas las aportaciones al Anteproyecto hasta el día 30 de septiembre.

La principal novedad de este Anteproyecto es el hecho de reduce en una cuarta parte el número de disposiciones legislativas actuales. Reduce y deroga:

  • Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
  • Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable
  • Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana
  • Ley 9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de Campos de Golf en la Comunidad Valenciana

Deroga el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística y el Reglamento del Paisaje.

Otra característica relevante de este Anteproyecto es su pretensión de regular todos los instrumentos de ordenación y gestión armonizando lo ambiental, territorial, paisajístico, económico y social.

Por último, otro objetivo de esta reforma es la flexibilidad y adaptación a la coyuntura económica  e inmobiliaria actual, que requiere instrumentos que se adapten a las demandas reales del mercado, estableciendo tratamientos diferentes para situaciones distintas.

Polémica reforma de la Ley de Costas

Polémica reforma de la Ley de Costas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presenta el Anteproyecto de Costas

El Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, con el objetivo de lograr una protección medioambiental efectiva y otorgar seguridad jurídica plena a los ciudadanos y a las empresas.

Para ello, el Gobierno introduce en la futura normativa un mecanismo novedoso que permite al Estado tutelar a las administraciones locales para que se puedan suspender de forma automática las licencias concedidas que vulneren la Ley de Costas.

En este sentido, introduce la suspensión automática en vía administrativa -a instancia de la Administración del Estado- de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección.

Se trata de favorecer una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de actos ilegales y que debe ir seguida de su impugnación ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de diez días.

Junto a esta medida defensiva, el nuevo marco regulatorio de la costa apuesta por la prevención como un elemento fundamental para su conservación. Para ello, entre otras actuaciones, introduce una importante reforma en relación con el uso de las playas.

En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.

SEGURIDAD JURÍDICA EN EL LITORAL

El futuro marco regulatorio dotará de mayor seguridad a las relaciones jurídicas en el litoral y terminará con la situación de incertidumbre existente en la actualidad.

La especial situación de los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la Ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios, ha generado problemas que van más allá de lo estrictamente jurídico.

Todo ello, además, ha provocado desconfianza y desconcierto no solo en España, sino también en otros países. De hecho, el Parlamento Europeo elaboró un informe sobre la preocupante situación de las costas españolas en 2009 (Informe Auken). El anteproyecto aprobado por el Gobierno permitirá atajar esta situación.

IMPORTANTES CAMBIOS EN LAS CONCESIONES

Por esta razón, en materia de concesiones, la ley introduce importantes cambios, ya que en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de éstas, que pasa a ser de 75 años, y, además, se permite la transmisión mortis causa e intervivos.

Asimismo, se establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes y se da respuesta a la extinción de las previstas en la anterior Ley de Costas de 1988, que fijaba con carácter general un plazo máximo de 30 años de duración, establecido para el año 2018.

Con esta reforma, el Gobierno atiende a criterios medioambientales, asegura la continuidad ordenada y selectiva de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre y concilia la conservación del litoral con su uso sostenible.

DEMANDA SOCIAL PARA REGULARIZAR BARRIADAS HISTÓRICAS

Además, con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios, el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre y ofrecer un marco jurídico claro y estable.

Una vez aprobado, el pasado viernes 13 de julio, por el Consejo de Ministros, el anteproyecto se remitirá este mes al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), un órgano asesor del Gobierno que preside el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y, posteriormente,volverá al Consejo de Ministros para su envío al Congreso de los Diputados e iniciar su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

Cantabria modifica su Ley de Suelo

Cantabria modifica su Ley de Suelo

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto de Ley que modifica la Ley del Suelo y la de Ordenación del Territorio para la adaptación de los planes urbanísticos, regular los PSIR para acabar con la disparidad normativa y mejorar la regulación del procedimiento de concesión de autorizaciones para obras.

En cuanto a la Ley del Suelo, se ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y la Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En concreto, se modifica la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Suelo de Cantabria, relativa a la adaptación de los planes urbanísticos. Con la nueva normativa se desbloquea la prohibición establecida con carácter general y se permiten las modificaciones puntuales de planeamiento, con lo que se facilita a los ayuntamientos adecuar sus instrumentos urbanísticos a las nuevas necesidades sobrevenidas.

Con ello, aclara el Ejecutivo, no se renuncia al objetivo último de la necesaria adecuación de los planeamientos municipales a la Ley del Suelo, dado que se mantienen “ciertos límites”, pero se evita la “congelación” del planeamiento, “removiendo los obstáculos que impedían la modificación de los planes y permitiendo su reforma para acoger las actuaciones que demande el interés público”.

Además, se modifica el artículo 26 de la Ley del Suelo de Cantabria que regula los Proyectos Singulares de Interés Regional, con el fin de acabar con la “disparidad normativa” en la materia y la “dicotomía” de regímenes según la actuación se realizara en un municipio litoral o fuera de él. Así, se posibilita ahora que se lleven a cabo actuaciones de interés regional de toda índole.

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