En este artículo damos respuesta a la pregunta ¿Qué es el Catastro?
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, comprendiendo sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran:
- localización
- referencia catastral
- superficie
- uso o destino
- clase de cultivo o aprovechamiento
- calidad de las construcciones
- representación gráfica
- valor catastral
- titular catastral
Está regulado por la Ley del Catastro Inmobiliario incluyendo la descripción catastral de los bienes inmuebles sus características físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentran su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo, representación gráfica, valor catastral y titularidad catastral. Además de la correcta descripción de los bienes inmuebles, tiene una especial relevancia la asignación de su valor catastral de los mismos, dado que la función primordial del Catastro es eminentemente fiscal y en ella este valor tiene un papel fundamental en la gestión y liquidación de diversas figuras tributarias. Para la asignación o actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles la normativa catastral prevé diferentes procedimientos de valoración, tanto individuales como colectivos, que han de tener como referencia su valor de mercado.
La descripción de los bienes inmuebles y su valoración han de estar permanentemente actualizadas, lo que supone una continua labor de mantenimiento de los datos catastrales. La finalidad de esta función es que la información catastral esté, tal y como dispone la Ley del Catastro Inmobiliario, al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos, así como ayudar a la seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario. Para todo ello el Catastro debe colaborar con las distintas Administraciones públicas, con la Administración de Justicia, con los notarios y registradores de la propiedad, para el ejercicio de sus respectivas funciones, competencias y políticas públicas, así como estar a disposición de los ciudadanos que requieran información sobre el territorio.